Como era de esperar la iglesia católica no se quedó de brazos cruzados. Los reformadores habían ido demasiado lejos. Había que hacer algo que estuviera a la altura de aquel movimiento herético que comenzaba a desestabilizar todo. ¿La respuesta católica? Una reforma propia, es decir, una Contrarreforma.

 Corría el mes de noviembre de 1545 cuando, bajo la égida de Pablo III, en el pueblito italiano de Trento se reunió la crema y nata de la jerarquía católica: veinticinco obispos y cinco superiores generales de órdenes religiosas dieron inicio al plan programático de la Contrarreforma. Este importantísimo evento, conocido como Concilio de Trento, se extendió hasta el 13 de diciembre de 1563, fecha en que concluyó con Pio V  a la cabeza.

 En medio de contradicciones, intrigas, juegos de poder, intereses, plagas, se dieron  resultados destinados a mejorar la fisonomía de una iglesia que comenzaba a marchitarse. 

 A partir de aquel momento la ética de los obispos estaría en la mira. Se dictaminaba que no podían aprovecharse de los fieles para acumular riquezas y que debían residir en sus respectivas diócesis. El celibato clerical se mantendría intachable. Los párrocos tenían que predicar los domingos y los días de fiestas religiosas, además de registrar cuidadosamente fallecimientos, matrimonios y nacimientos.

 El papa continuaba siendo la máxima autoridad, del mismo modo que la santa Madre Iglesia seguiría siendo el Cuerpo de Cristo, que garantizaba la salvación de los seres humanos.  Obras y fe salvarían al hombre y no, como aseveraba el herético Lutero, solamente la fe (Sola fide). El hombre no estaba condenado de antemano, así que de paso se rechazaba de plano la teoría de la predestinación que con tanto ahínco defendió Calvino. La misa, los santos y la existencia del purgatorio se mantenían intactos.

 

Dos cosas sucedieron en el Concilio que resultan de vital interés para una historia de la lectura; ambas están estrechamente relacionadas. La primera es la reinstauración de la “santa” inquisición, que había sido creada en el siglo XIII y temida por todos desde entonces; la segunda fue la creación, en 1557, del Index librorum prohibitorum et exporgatorum, un  índice que consignaba los libros, pasajes y autores prohibidos por la iglesia católica.  Pero vayamos despacio. El asunto es más complejo de lo que parece.

 Un decreto fechado el 7 de abril de 1546 afirmaba que, como sucedía con la Biblia, la Tradición debía ser recibida con reverencia. Mientras los protestantes animaban al público lector a acercarse directamente a las escrituras (si bien, como ya vimos, terminaron dictando pautas e intentando sustituir la Biblia por sus propias versiones de la Palabra), los católicos insistían en la dicotomía de roles entre prelados y fieles.

 Los sacerdotes debían influir en la comunidad a través de prédicas; dirigir espiritualmente a los fieles, aconsejarlos y recordarles las “exigencias de la Palabra”; los seglares, en cambio tenían que escuchar atentamente el mensaje de aquellos que se autodenominaban como autoridad en materias bíblicas.

 Recordemos enseguida que estamos en un momento en el que la cosmovisión de la sociedad europea estaba constituida por la religión cristiana de una manera que hoy asombra. Aun no se consolidaba la revolución científica que cambiaría, aunque muy lentamente, el imaginario colectivo. Estamos en un período en el que el humanismo despertaba de su “sueño dogmático”, si se me permite emplear la frase de Kant, pero lo hacía de una manera incipiente. Con razón uno siglos más tarde Max Weber hablará de un “desencantamiento del mundo” para referirse a la nueva cosmovisión que se gestaba en la modernidad, y en la cual santos y demonios retrocedían como actores de glorias pasadas.

 Ya en el cuarto encuentro del Concilio se estableció una lista de libros de la Biblia considerados como católicos y se reconoció a la Vulgata  como la única colección auténtica de Escrituras. Asimismo, se dictaminaba que nadie podría tomarse la libertad “confiando en su propio juicio” de interpretar la Palabra contrariamente a lo que afirmaba la Santa Madre Iglesia, pues ésta era quien determinaba lo que era verdadero y lo que no.

 Como afirma la investigadora Dominique Julia, esta actitud conducía a una doble política: por un lado, se garantizaba el control riguroso de los libros sobre “asuntos sagrados”, que en lo adelante impresores y libreros debían someter a la aprobación del ordinario del lugar. A partir de entonces el Papa debía dar los últimos toques a la tarea de censura elaborada por  una comisión del Concilio, es decir a la “consagración del sistema del Index”, cuya primera edición promulgara Pablo IV. Por otro lado era necesario dedicarse a la producción de literatura destinada a uniformizar las prácticas en el conjunto de la catolicidad. Tal unicidad tendría como núcleo los textos bíblicos, litúrgicos y catequísticos, redactados en lengua latina. 

 Hay algo que ha llamado la atención de los investigadores y que denota la diversidad de puntos de vista en el Concilio: en ningún texto tridentino se habla de prohibir a los seglares la lectura de textos bíblicos.

 Como dice Dominique Julia, “ese silencio era la confesión de un conflicto abierto entre  los Padres conciliares, que los legados pontificios prefirieron soslayar ante la imposibilidad de zanjarlo. Y menos aun se habla de textos litúrgicos: la misa tenía que decirse en latín, y tanto determinadas palabras del canon como las palabras de la consagración tenían que ser pronunciadas submissa voce, con voz contenida”  

 El único documento que recibió aprobación para ser traducido a lenguas vernáculas fue el Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini, dirigido explícitamente ad parochos. Eran los sacerdotes los encargados de explicar el contenido al “pueblo fiel”. Y, como es natural, con esto bastaría a los cristianos, a quienes  no les faltaría en lo adelante “casi nada para conocer lo que podían anhelar saber.”  

Para contrarrestar las publicaciones protestantes se puso en marcha un rápido plan de acción para difundir la literatura oficial. Pronto los territorios españoles adoptaron los textos conciliares. En Francia los libreros protestaban por el monopolio que comenzaba a establecerse. La demanda de aquellos textos fue tal que Pio IV llegó a fundar en Roma una especie de oficina para estampar las obras oficiales. Para tal empresa mandó a buscar nada más y nada menos que al gran editor Aldo Manucio y lo invistió con el siguiente privilegio: los impresores y libreros que le contradijeran serían excomulgados de inmediato.

 El Index Librorum prohibitorum se publicó finalmente en marzo de 1564, precedido por reglas especiales para el uso adecuado de las traducciones bíblicas. Según la cuarta regla sólo quedarían autorizadas aquellas personas que tuvieran un permiso escrito del obispo o inquisidor; eso sí, después de que estos últimos hubieran consultado al confesor o al párroco correspondiente. Naturalmente, el permiso sólo se otorgaba  a personas “sabias y piadosas” que fueran incapaces de extraer “no daño, sino un incremento de fe y piedad”.

 Pero si a usted, estimado lector, no le parecen suficientes tales retorcimientos,  sepa que ya en 1593, Clemente VIII retiró el permiso, no ya de leer las traducciones vernáculas  a las almas “sabias y piadosas”, sino a los propios obispos de conceder los permisos de lectura. De ahora en adelante nadie podría leer, ni poseer Biblias en lenguas vernáculas. Todos los índices posteriores hasta el siglo de las luces mantuvieron esta prohibición, hasta que Benedicto XVI, en 1757, dejó de mencionarla.

 Entonces comenzaron a proliferar las traducciones de las Santas Escrituras. Felipe Scío de san Miguel, obispo de Segovia, realiza la primera traducción completa de la Vulgata al español, que aparece en Venecia de 1791 a 1793; Antonio Pereira de Figueiredo presentó la suya al portugués en veintitrés volúmenes entre 1778 y 1790; la de Antonio Martín salió a la luz en Italia entre 1769 (el Nuevo Testamento) y en 1776 (el Antiguo).

 Poco a poco se fue descomprimiendo el rigor que pesaba sobre las traducciones de obras religiosas. Ya entre 1670 y 1720 el latín deja de emplearse en los colegios franceses. Luego, muy lentamente, ocurriría lo mismo en otros tantos lugares y el latín dejaría de ser lo que fue para devenir en lo que es hoy: una lengua muerta.